El 6 de octubre de 2025 entró en vigor la política de Meta de no permitir la publicación de publicidad pagada que esté relacionada con causas sociales, electorales y políticas en la Unión Europea. La compañía, que anunció este cambio el 25 de julio, lo justifica por la implantación TTPA.

Qué es el TTPA

Como parte del Plan de Acción Europeo para la Democracia y en complemento al Reglamento de Servicios Digitales (DSA), la Unión Europea ha aprobado el Reglamento (UE) 2024/900 relativo a la transparencia y la segmentación de la publicidad política (TTPA) para reforzar la confianza pública y prevenir injerencias en los procesos electorales.

El TTPA entra en vigor el 10 de octubre de 2025. Su objetivo es que la publicidad política sea fácilmente identificable y trazable. Para ello exige, entre otros elementos, una etiqueta visible y un aviso de transparencia con información clave (quién paga, periodo de publicación y otros detalles relevantes de la campaña).

Además, el TTPA impide usar datos sensibles para dirigir anuncios políticos: no se puede segmentar por información como opiniones políticas, religión u origen étnico. Si se emplean otros datos personales para segmentar, la plataforma debe contar con un consentimiento expreso y específico del usuario para publicidad política (no sirve un consentimiento genérico). Y, por último, no se permite dirigir publicidad política a menores (al menos hasta un año por debajo de la edad de voto).

El reglamento se aplica online y offline y prevé sanciones en caso de incumplimiento.

En síntesis, el TTPA es una norma de transparencia y etiquetado, diseñada para aportar claridad y garantías en la publicidad política. No es una norma de prohibición general de anuncios.

Las razones de Meta

Según Meta, la implantación del Reglamento europeo sobre Transparencia y Segmentación de la Publicidad Política (TTPA) —en vigor desde el 10 de octubre de 2025— le obliga a adoptar una política más restrictiva para reducir riesgos de incumplimiento. Por ese motivo, desde el 6 de octubre de 2025 la plataforma deja de permitir la publicación de publicidad pagada relacionada con causas sociales, así como con contenidos electorales y políticos, en la Unión Europea. Esta norma no afectaría al contenido publicado de forma orgánica.

En su guía, Meta incluye dentro de “causas sociales” ámbitos como derechos civiles y sociales, economía, política medioambiental, salud, inmigración, valores políticos y gobernanza, seguridad y política exterior. Esta definición implica la restricción de la mayoría de las campañas de activismo y captación: información, sensibilización, participación, peticiones y movilización de recursos.

No todas las empresas del sector han optado por un apagón general. Por ejemplo, Google/YouTube ha anunciado una pausa en la publicidad política, mientras que Microsoft Advertising exige que, antes de crear una campaña, se declare si tiene fines políticos y, en ese caso, no la autoriza. Estos enfoques evidencian que existen alternativas proporcionadas para cumplir con el marco europeo sin desactivar toda la publicidad relacionada con causas sociales.

Nuestra posición ante la decisión de Meta

La European Fundraising Association (EFA) —de la que la AEFr es miembro— publicó el 2 de octubre de 2025 un comunicado alertando de los graves riesgos para la libertad de expresión e información y del impacto que la decisión de Meta tendrá en la capacidad y en las finanzas de las organizaciones de la sociedad civil europeas. La AEFr apoya y se adhiere a ese posicionamiento, que entre otras cosas señala que:

• La decisión de Meta de no permitir la publicación de publicidad pagada sobre causas sociales en la UE es desproporcionada y, en la práctica, silencia la voz de las ONG y entidades no lucrativas en el ámbito publicitario digital.
• Tendrá un impacto directo en la sensibilización pública y, de forma muy relevante, en la captación de apoyos, voluntariado y donaciones. En vísperas de las campañas de fin de año, previsiblemente reducirá los ingresos, con la consiguiente merma de la capacidad de actuación de las organizaciones.
• La definición amplia que la empresa aplica a causas sociales —derechos civiles y sociales, economía, política medioambiental, salud, inmigración, valores políticos y gobernanza, seguridad y política exterior— hace que queden afectadas campañas de activismo cívico habituales del sector: acciones de información y sensibilización unidas a llamadas a la participación, a la incidencia (peticiones, firmas) y a la movilización de recursos (donaciones, voluntariado). En la práctica, se restringe el activismo que da sentido a la labor de las ONG y organizaciones de la sociedad civil.
• Esta restricción no solo limita la libertad de expresión de las organizaciones; también reduce el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y veraz sobre asuntos de interés general, empobreciendo el espacio público digital. Ya se están bloqueando anuncios con palabras como cambio climático, refugiados, migrantes y derechos humanos, pero también otras como cáncer o alzhéimer.
• Para las organizaciones de la sociedad civil es esencial mantener canales eficaces de comunicación con la ciudadanía para compartir información de interés público y movilizar recursos. Limitar la publicidad en las principales plataformas reduce ese alcance y debilita la respuesta social ante retos como la salud, la igualdad o el clima.
• En España, se estima que las herramientas publicitarias de Facebook e Instagram tienen un alcance de más de 20 millones de personas. Un veto publicitario en estas plataformas reduce de forma directa el alcance potencial de las campañas de activismo y captación en nuestro país.

Fuente: Meta – Prohibiting social issue, electoral and political ads in the EU in response to European regulation

Preservar el espacio público digital

La European Fundraising Association y la Asociación Española de Fundraising apoyamos plenamente los objetivos del TTPA. Salvaguardar la integridad de las elecciones y del debate público abierto es fundamental para las sociedades democráticas, y las Organizaciones Sociales desempeñan un papel vital para garantizar el pluralismo y la resiliencia.

Por ello, rechazamos de manera tajante el intento de Meta de utilizar una ley de transparencia para amordazar al sector no lucrativo y solicitamos a Meta que revise su interpretación del TTPA.

Así mismo solicitamos a la Comisión Europea que publique lo antes posible las directrices sobre  cómo debe aplicarse el reglamento y que reúna a todas las partes interesadas para garantizar una interpretación compartida del reglamento que respete los derechos de todas las personas y cumpla con los principios de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (en particular el artículo 11: libertad de expresión e información).